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Unión Europea | Esta Europa, no – El Salto

Unión Europea | Esta Europa, no - El Salto


Si enfrentar las devastadoras consecuencias económicas y sociales desencadenadas por la pandemia exigía una respuesta europea a la altura de la situación de emergencia, contundente, ambiciosa y solidaria, la realidad nos muestra una Europa tibia, inercial y dividida.

Es cierto, no obstante, que se han superado algunas de las líneas rojas que hasta hace bien poco parecían infranqueables, verdaderos dogmas de fe del pensamiento económico conservador que impregna desde hace décadas las instituciones y políticas comunitarias. Pero ahora lo importante está en ver cómo se materializa ese cambio de rumbo histórico, pues parece que sobre las expectativas levantadas se está imponiendo, de nuevo, la tristemente célebre “jaula de hierro” europea de los últimos tiempos.

Ha sido después de su aprobación por parte de la CE cuando, a pesar de la retórica institucional que insiste una y otra vez en un proyecto compartido y en una comunidad de intereses, los desencuentros han sido más visibles

El Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento, clave de bóveda de la arquitectura institucional de la Unión Económica y Monetaria, en virtud del cual los países, especialmente los del Sur, tenían que seguir un estricto plan de ajuste presupuestario que eliminara el déficit y redujera la deuda, ha sido provisionalmente suspendido; teniendo en cuenta la caída de los ingresos impositivos y el rápido crecimiento del gasto público, los gobiernos quedaban circunstancialmente liberados del cumplimiento de esos objetivos.

Pero acaso la decisión de mayor calado adoptada por la Comisión Europea (CE) fue dotar un Fondo Europeo de Recuperación (Next Generation EU, en su acepción en inglés) por un importe de 750 mil millones de euros, que se financiaría con una emisión de deuda mancomunada -esto es, asumida conjuntamente- con cargo al presupuesto comunitario y que se asignaría a los gobiernos, dependiendo del impacto de la pandemia, en forma de transferencias (66%) y de préstamos (34%).

En el complejo proceso de preparación de este plan salieron a la luz las diferentes visiones que al respecto tienen los socios comunitarios, pero ha sido después de su aprobación por parte de la CE cuando, a pesar de la retórica institucional que insiste una y otra vez en un proyecto compartido y en una comunidad de intereses, los desencuentros han sido más visibles.

Esta clasificación nos recuerda -y esto resulta de lo más inquietante- a la que enfrentaba a los países austeros y a los despilfarradores (con una demarcación geográfica similar)

Los medios de comunicación, siempre a la búsqueda de titulares llamativos (que, a menudo, simplifican y deforman la realidad), han simbolizado estas diferencias identificando a un grupo de países denominados frugales, del que formarían parte Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca; y otro, en el que estarían los países del Sur y que el gobierno español ambiciona liderar. Alemania, que tradicionalmente ha defendido en las instituciones comunitarias las posiciones más refractarias y conservadoras, intentaría desempeñar, junto a Francia, rememorando el eje franco-alemán, un papel articulador y mediador entre ambos grupos.

Esta clasificación nos recuerda -y esto resulta de lo más inquietante- a la que enfrentaba a los países austeros y a los despilfarradores (con una demarcación geográfica similar). Los primeros defendían las buenas prácticas en materia de política económica, las virtudes del ahorro y del esfuerzo, mientras que los segundos gastaban por encima de sus posibilidades y capacidades.

Por lo demás, el término “países frugales”, que ahora se utiliza continuamente, no puede ser más confuso. Sí, en ellos ha habido frugalidad a la hora de aplicar políticas de contención salarial y de gasto público que han empobrecido a las clases populares; tan sólo hay que reparar en la evolución de los salarios medios y bajos y en los datos de pobreza y exclusión social. Pero no encontramos la frugalidad cuando miramos hacia las oligarquías, hacia los poderosos; las elites han vivido y viven en plena opulencia, disfrutando a cuerpo de rey (nunca mejor dicho a la vista de la vida que se ha regalado el Borbón corrupto) de sus inmensos privilegios.

La política interna en “los frugales” pivota en buena medida desde hace años en torno a la “cuestión europea”, y que esta se encuentra determinada por partidos abiertamente euroescépticos que han logrado escorar hacia posiciones claramente ultranacionalistas a sus ejecutivos

En todo caso, resulta evidente que la posición de los “países frugales”, aún aceptando, al menos en teoría, la necesidad de poner en marcha un plan de emergencia a escala comunitaria, está por introducir enmiendas sustanciales a la propuesta de la CE, que, de recogerse, restarían alcance y ambición a la misma. No en vano, tenemos que recordar que la política interna en “los frugales” pivota en buena medida desde hace años en torno a la “cuestión europea”, y que esta se encuentra determinada, ya sea desde la oposición o desde coaliciones de gobierno, por partidos abiertamente euroescépticos que han logrado escorar hacia posiciones claramente ultranacionalistas a sus ejecutivos (incluso a la socialdemocracia sueca). No es una cuestión baladí. Si tras la crisis de 2008 se evidenció una fractura entre el norte y el sur europeos, el crecimiento de la extrema derecha en los últimos años no augura, pese a las grandes palabras, un clima propicio a la cooperación.

Sería mucho decir que existe una estrategia común y compartida, pero, en términos generales, estos países están por reducir la financiación comprometida en el fondo, desean mantener el presupuesto comunitario en sus niveles actuales, si acaso con un leve incremento del mismo, prefieren los préstamos a las transferencias y plantean exigir condiciones estrictas a los países receptores del dinero comunitario. Por el contrario, en el grupo de países del Sur, donde están los más afectados por la pandemia y por la crisis económica y social, se aboga por mantener la propuesta aprobada por la CE, tanto en lo que se refiere a los recursos financieros comprometidos como, muy especialmente, en que una parte sustancial de los mismos se haga llegar a los gobiernos a través de transferencias, sin que, en consecuencia, pesen sobre la deuda pública ni sobre los intereses.

Las recientes declaraciones de responsables políticos -incluidas las del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez- anticipan que el Consejo Europeo que se está celebrando estos días tan sólo servirá para tomar nota de las diferencias existentes y de las dificultades de alcanzar un acuerdo. Lejos de suponer un avance y la consolidación del plan activado desde la CE, abrirá un proceso de negociaciones -que, seguramente, se llevarán a cabo con la opacidad de siempre- marcado por los recortes. Esto es al menos lo que se deduce del desplazamiento del debate en los últimos días hacia cuestiones que tienen que ver con los procedimientos para la aprobación de un acuerdo vinculante. Países como España e Italia defienden romper la tradicional regla de la unanimidad -en favor de una mayoría cualificada-, lo que podría explicarse en la necesidad de los países más afectados por la pandemia de no dilatar la obtención de un acuerdo. El precio a pagar, obviamente, va a ser la aceptación de algunas de las exigencias de países como Holanda. Ya veremos si no todas.

No se trata de pedir imposibles ni de instalarse en un sueño inalcanzable, sino de exigir lo necesario, que ahora también es urgente

De lo señalado hasta ahora, parecería que el problema europeo reside en las imposiciones y restricciones defendidas por un grupo de países. Como acabamos de mencionar, éstas sin duda alguna existen y deben ser tenidas muy en cuenta. Pero creemos necesario dar un paso más en el análisis, pues es en la institucionalidad europea y en los intereses oligárquicos que la impregnan donde está el lastre más pesado, el principal condicionante de las políticas aplicadas.

La respuesta de las instituciones comunitarias -el plan activado por la CE y los programas llevados a cabo por el Banco Central Europeo-, a pesar de las novedades introducidas y de contener algunos aspectos positivos, no está a la altura de la emergencia que estamos viviendo. El aumento del presupuesto comunitario es claramente insuficiente; no hay intención de introducir un mecanismo de financiación verdaderamente progresivo sostenido en las aportaciones de las grandes fortunas, patrimonios y corporaciones ni de perseguir los paraísos fiscales existentes dentro de la UE; no se ha planteado ninguna actuación por parte del BCE destinada a reducir la deuda de los gobiernos, en continuo crecimiento; los beneficiarios de los recursos canalizados por esta institución en condiciones muy ventajosas, que deberían ser los gobiernos y la ciudadanía, son, sobre todo, los bancos y corporaciones; se mantienen las exigencias macroeconómicas y estructurales asociadas al Semestre Europeo y no se aplicará condicionalidad a las empresas que reciban recursos comunitarios en el sentido de limitar las retribuciones de sus ejecutivos y principales accionistas, cerrar sus sedes en paraísos fiscales, comprometerse con un plan de transición ecoenergética y garantizar la equidad de género y la negociación colectiva.

Estas son las líneas rojas que hay que superar, pero no existe voluntad política en la Europa realmente existente, atrapada en la trama de intereses oligárquicos que la sostiene. No se trata de pedir imposibles ni de instalarse en un sueño inalcanzable, sino de exigir lo necesario, que ahora también es urgente. Si realmente, como tantas veces se dice, queremos convertir esta devastadora crisis en una oportunidad, para fortalecer lo público, superar la desigualdad, reducir la exclusión, generar empleo decente y preservar el planeta -que es mucho más que “reconstruir” el actual estado de cosas y reactivar la economía- tenemos que decir alto y claro que la respuesta de esta Europa es decepcionante.

Hace ya más de una década que la UE inició un proceso de desintegración, cuyos hitos principales en los últimos años han sido el Brexit y el creciente peso de los partidos de extrema derecha en la mayoría de los Estados miembro. Es por ello que la incapacidad de las instituciones comunitarias para establecer una hoja de ruta que sea, además, un proyecto común de futuro, es decir, uno que sea aceptable para las mayorías sociales del norte y del sur, puede acabar, esta vez de manera definitiva, con la propia UE.


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