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Torra mima a los CDR también en el juzgado a costa de los mossos

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, a su llegada a la reunión semanal del gobierno de la Generalitat


Barcelona
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La ley de organización de los servicios de la administración autonómica catalana deja claro en su artículo segundo que sus abogados «en ningún caso pueden defender intereses contra los de la Generalitat». En román paladino: si la justicia imputa a un manifestante por una supuesta agresión a un mosso, el letrado de la Generalitat, como acusación particular, debe defender los intereses del policía y no del investigado.

Pero esta línea roja, tan evidente sobre el papel, no parece tan gruesa ni tan roja en la relación que Quim Torra mantiene con los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR). La deriva de los procesos judiciales en marcha por los disturbios de las manifestaciones independentistas de los últimos meses siembra dudas sobre la voluntad del Govern de defender a sus agentes.

Hay un proceso paradigmático, que es el que instruye un juzgado de Manresa contra nueve activistas -bautizados como «los nueve de Lledoners»- por torpedear con barricadas y supuestas agresiones a los agentes durante el traslado de los políticos presos de la cárcel catalana a Madrid el 1 de febrero de 2019 para el juicio del «procés». Una causa por la que el presidente de la Generalitat ha mostrado un especial interés.

Ahora, con la fase de instrucción finalizada y abocada a un juicio que todavía no tiene fecha, esa simpatía se traduce en el desajuste entre la condena que pide la Fiscalía, con penas de hasta siete años de prisión, con la que solicitan quienes, como acusación particular, deberían de proteger a los agentes en los tribunales. La Generalitat reclama el archivo de la causa contra seis de los nueve investigados, y para los otros tres activistas dejan la petición de pena en 15 meses de cárcel.

Un problema político

El posicionamiento del gobierno de Quim Torra en todas estas causas tiene, al menos por el momento, más consecuencias políticas que legales. Mientras haya una acusación personada -la Fiscalía-, la Generalitat no podrá evitar que los activistas independentistas acaben en el banquillo de los acusados. Es más bien un problema político y la difícil navegación entre dos aguas. Si las exigencias penales de los servicios jurídicos de la Generalitat contra los manifestantes se equiparan o superan a los de la Fiscalía -con ejemplos múltiples- el activismo independentista se desboca en las redes en contra del Govern.

Si, por el contrario, la Generalitat se pone de perfil y cede a la presión del entorno de los CDR, son los Mossos d’Esquadra quienes se sienten desamparados. Por el momento, las rebajas acusatorias de la Generalitat no han cruzado una línea roja: mirar hacia lado en causas donde los agentes han resultado heridos por los ataques de los manifestantes.

En ninguno de estos casos han retirado sus acusaciones. Lo contrario, además de la indignación de los agentes a quienes deberían proteger, podría tener también consecuencias penales. Por ahora, en base al análisis de los últimos escritos de acusación presentados por la Fiscalía y la Generalitat en causas contra manifestantes independentistas, lo que se observa son, a grandes rasgos una constante. Mientras el primero pide unas penas condenatorias de máximos, la Generalitat parece buscar la mínima pena posible -sobre todo evitando contemplar agravantes- que permite cada tipo penal.

La causa contra «los nueve de Lledoners» trae de cabeza al Govern desde sus inicios. En septiembre, ante la inexacta información publicada por un diario digital, que acusaba a la Generalitat de pedir penas de cárcel para los activistas, la Consejería de Interior intentó salir al paso negando que se hubiese pedido -en aquel momento inicial- ninguna pena concreta para los activistas. En aquel comunicado también quiso desentenderse de esas acciones legales diciendo que «la defensa de los funcionarios públicos -los mossos, en este caso- no requieren del visto bueno ni permiten el veto de los responsables políticos del Govern». Ahora, al final de la instrucción, piden archivar la causa contra seis de ellos y penas mínimas para los otros tres.

Pero hay más causas contra manifestantes independentistas con mossos como víctimas donde las peticiones de cárcel de Fiscalía y Generalitat son sorprendentemente dispares. Por ejemplo, en el proceso contra un manifestante por una agresión a un mosso en la plaza Cataluña de Barcelona durante uno de los «paros de país» convocados por el Govern independentista. Una acción que para el ministerio público merece una pena de ocho años de cárcel -suma de dos delitos y el agravante de instrumento peligroso-, mientras que para la Generalitat con seis meses de cárcel sería suficiente.

Otro caso, el reciente juicio en la Audiencia de Barcelona contra un activista acusado de empujar a un mosso y reventar un cerrojo del parque de la Ciutadella -que rodea el Parlament- durante la investidura fallida de Puigdemont en enero de 2018. Antes de la vista, la Generalitat reclamaba cuatro años de cárcel para el manifestante, una pena mayor que los tres que pedía la Fiscalía. Pero finalmente la Generalitat ha acabando retirando la acusación. «Nunca nos hemos sentido protegidos por la administración», coinciden varios sindicatos policiales. Por eso a muchos policías prefieren buscarse abogados particulares.



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