Política

Renta básica | Ingreso mínimo vital: la burocratización de la esperanza – El Salto

Renta básica | Ingreso mínimo vital: la burocratización de la esperanza - El Salto


El pasado 29 de mayo el Gobierno aprobó el Ingreso Mínimo Vital: una prestación de la Seguridad Social —defendida como la apuesta fuerte del ejecutivo en materia de protección social— que aunaba la propuesta programática del Gobierno de coalición, previa a la pandemia, y la urgencia coyuntural de responder a los efectos más crudos de la crisis económica generada por el confinamiento y otras medidas de contención sanitaria. 

Aprobar la ley no fue fácil. No lo fue a nivel interno, con desencuentros y distorsiones comunicativas por parte del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Jose Luis de Escrivá, y del ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, cuyos equipos debían formular y materializar una herramienta que aterrizaba en la fragmentada realidad de las rentas autonómicas.  Así se dilataron las fechas, varió tanto el monto de la prestación, como el número de beneficiarios y el presupuesto destinado.

A nivel externo, el Gobierno tuvo que defender la medida en medio de una guerra cultural en la que se tachó al subsidio de paguita. En el escenario de polarización reproducido por medios y redes sociales, desde el Ejecutivo se presentó el Ingreso Mínimo Vital como un paso adelante en los derechos sociales. Y cuando llegó la aprobación, en intervenciones en el congreso, ruedas de prensa y titulares se tildó el momento de histórico.  Las esperanzas eran altas, la prensa extranjera había resaltado la propuesta, Naciones Unidas la había alabado, y miles de personas esperaban por fin tener acceso a un suelo de seguridad vital.

“Desde que se aprobó el decreto, parece que ya estuviera todo hecho, ni los partidos políticos ni sus defensores como Pablo Iglesias han vuelto a hablar. Empezamos en marzo y ahora ya es agosto, y el problema de la gente sigue siendo el mismo: que siguen sin ingresos y con riesgo de que les vuelvan a poner una cuarentena a la vuelta de la esquina”, alerta Joaquín García, presidente de la Asociación Víctimas del Paro, un organización nacida en 2013 que lucha porque ninguna persona desempleada se vea forzada a subsistir sin ningún tipo de ayuda. El ingreso mínimo vital apuntaba a esta línea. Sin embargo, en estas semanas han pasado de la ilusión al desconcierto.

“Desde que se aprobó el decreto, parece que ya estuviera todo hecho. El problema de la gente sigue siendo el mismo: que siguen sin ingresos y con riesgo de que les vuelvan a poner una cuarentena a la vuelta de la esquina”, alerta la Asociación Víctimas del Paro

Un desconcierto que se extiende por todo el Estado, y que Juan Viera, integrante del Campamento Dignidad de Extremadura, y de Marea Básica ve cundir a su alrededor: “Estamos haciendo solicitudes a mucha gente, pero yo creo que se están desanimando, porque escuchan que no contestan a nadie, solamente lo han recibido las familias que cobraban prestación por hijos a cargo, ahora les aparece como ingreso mínimo vital. Es decepcionante porque la gente tenía mucha confianza en ello y me parece a mí que esto es lento lento”.

Y aunque la necesidad de ingresos no se tome vacaciones, sí lo hacen los funcionarios. “La mitad de los organismos están a medio funcionar. La semana pasada fuimos a Hacienda y había una cola impresionante. Si te vas a la seguridad social va a ser exactamente igual, los ayuntamientos no reciben, tienes que hacerlo a través de internet con cita previa…”, para Viera lo que hay detrás de esto es una falta de planificación respecto a la gestión de la documentación de toda la gente que está solicitando el IMV.

Menos de un mes después de aquel día histórico, como apunta el activista extremeño,  75.000 familias cobraban el subsidio. Eran las primeras, familiares con menores a cargo cuya acceso al Ingreso Mínimo Vital se había tramitado de oficio. Viera piensa que esas primeras concesiones responden al objetivo político de dar algunas cifras y resultados rápido: “La idea que se quiere transmitir es que la gente está ya cobrando el IMV pero siguen cobrando lo que cobraban antes pero con un nombre distinto”, sentencia.

Respecto a las resoluciones de las solicitudes cursadas ya a partir del 15 de junio, poco se sabe. El ministro Escrivá dijo que se estarían tramitando 510.000 solicitudes el pasado 10 de julio, también que en base a la “experiencia” estimaba que cerca de la mitad no cumplirían los requisitos. Un mes después las organizaciones siguen sin saber cuántas se han concedido. 

A la Asociación Víctimas el Paro, que se ha dirigido a la Seguridad Social intentando averiguar el número de Ingresos aprobados sin obtener respuesta, le extraña la falta de transparencia. Tienen la impresión de que las resoluciones positivas han sido muy pocas, o al menos eso concluyen dada la poca gente que afirma que se la han aprobado: “Hasta tenemos la duda de si estas personas están confundidas y creen que han cobrado el IMV y al final se trata de otro tipo de ayudas”.

García cuenta que la gente no tiene claro haberlo hecho bien, que hay quienes los han mandado dos veces por asegurarse, y luego han tenido que afrontar rumores de presuntas denegaciones por presentar la solicitud por duplicado. La falta de claridad posibilita todo tipo de especulaciones. “Es un poco triste que la misma Seguridad Social no ayude a hacer el trámite, que te digan que vayas a ONG o te busques la vida para rellenarlo, la verdad es que no lo han puesto nada sencillo”, valora.

Yinkana burocrática

Allá en mayo, en alguno de los vistosos documentos con los que se explicaba el proyecto de Ingreso Mínimo Vital, se hacía hincapié en un cambio que quienes trabajan en el ámbito de las prestaciones y subsidios consideran importante: se iban a eliminar al máximo las trabas burocráticas. El Estado, se decía, podía comprobar toda la información en las administraciones correspondientes, el suplicio burocrático que afecta a la población empobrecida y que dificulta a muchos acceder a derechos y supone en muchos casos una forma de violencia institucional, quedaría neutralizado.

A dos meses de que se aprobara el decreto, no parece que ese objetivo esté cerca de cumplirse: “Cuando tú haces la solicitud a través de internet tienes que presentar además del DNI de las personas de la unidad familiar, el empadronamiento y el libro de familia, la tarjeta de paro, anotar los ingresos que tenías en el 2019, lo que podrías esperar en 2020. Se trata de información que está en manos de otras administraciones, se podría acceder fácilmente a ella”, afirma Roberto Borda de RMITuDerecho. El activista recuerda las limitaciones en el plano digital que afectan a las mismas familias a las que se les pide que hagan los trámites por internet “son familias que quizás ni tiene equipos informáticos, que no tienen internet que no tienen ese habito de los certificados digitales, de las claves permanentes”. Para Borda la paradoja reside en que se haya hecho “una herramienta política para erradicar la pobreza pero la forma de acceder a ella no tienen en cuenta esta situación de pobreza”.

David B. entiende de pobreza, lleva más de una década en una organización que trabaja con colectivos en riesgo de exclusión social. También se ha empleado en las últimas semanas en completar solicitudes del ingreso mínimo vital ahora con más ímpetu si cabe, pues la Comunidad de Madrid enviaba a finales de julio cartas a perceptores de la RMI dando un plazo de 10 días hábiles para que demostrasen haber solicitado el IMV.

“La mayoría de nuestros usuarios reciben la RMI. Se han agobiado porque tienen miedo a perder la renta mínima, siempre viven con ese miedo, con esa tensión de que les suspendan la renta. El año pasado tuvimos cuatro o cinco suspensiones, y este año también”. Para este trabajador social no es un miedo infundado, dado que la Comunidad de Madrid hace las suspensiones de mala fe, denuncia. “Mandan requerimientos a las personas y como saben que hay gente que no va a responder porque se trata de una población muy itinerante, te cogen y suspenden cautelarmente y se ahorran a lo mejor dos o tres nóminas. De hecho con el Ingreso Mínimo Vital han aprovechado el mes de julio, porque saben que es más difícil acceder a los registros, que a veces son con cita, para mandar estas cartas. Son conscientes de que hay gente que no lo va a solicitar y así se van a ahorrar dinero”, explica.

Lamentan que el proyecto sancionador del Ingreso Mínimo Vital emule a la administración madrileña: “Suspendiendo cautelarmente la prestación en base a indicios”, a pesar de que el Defensor del Pueblo les amonestara

Lejos de alejarse de este modelo, Borda lamenta que el proyecto sancionador del Ingreso Mínimo Vital emule a la administración madrileña: “Suspendiendo cautelarmente la prestación en base a indicios sin explicar. Esto a la Comunidad de Madrid le ha costado que el Defensor del Pueblo le recordara en 2018, que una prestación necesaria para cubrir lo básico no la puedes suspender sin consultar a la familia porque tú pienses que se han de dejado de cumplir los criterios”. El activista lamenta que se copie esta mirada y además sin aclarar si en caso de error por parte de la administración, se devolverían las cantidades no ingresadas. 

En la Comunidad en Madrid la situación generada les recuerda mucho al ya clásico de Ken Loach, Yo, Daniel Blake. La última semana de julio, bajo el título, “Yo, Antonia García”, denunciaban en una carta la dificultad de acceso al Ingreso Mínimo Vital y la aparente voluntad de las administraciones en poner trabas a quienes solo buscan acceder a un derecho. 

Tras el desastre están las dificultades del Instituto Nacional de la Seguridad Social para dar respuesta a todos los frentes. El sindicato CGT lo denunciaba en un comunicado que arrancaba con un elocuente diagnóstico: “El INSS está en la UVI”. En su nota del pasado 30 de julio el sindicato daba la cifra que el portavoz de la Asociación de Víctimas del Paro reclamaba, y era irrisoria. Según el sindicato son solo cien los IMV que se han reconocido en todo el Estado. “Según las primeras declaraciones del Gobierno se iban a pagar antes de septiembre, ahora declaran que se empezaran a pagar en septiembre, lo que de nuevo seguimos poniendo en duda desde la CGT”. El sindicato denuncia la falta de plantilla y critica que la atención  sea solo por internet o telefónica señalando los problemas de accesibilidad que ello acarrea.

Cuando se anunció el Ingreso Mínimo Vital, se apuntó a que organizaciones y ONG podrían acompañar a las personas en el proceso de solicitarlo. Sin embargo, desplazar en estos actores la labor de facilitar un proceso que consideran innecesariamente complejo es percibido por las personas entrevistadas como una dejación de funciones por parte de la Administración. Otra falencia que destacan es la manera en la que este encaje se está produciendo en el preexistente sistema de rentas mínimas. 

Cuando se anunció el Ingreso Mínimo Vital, se apuntó a que organizaciones y ONG podrían acompañar a las personas en el proceso de solicitarlo, en una dejación de funciones por parte de la Administración

El difícil encaje con las Comunidades autónomas

El Ingreso Mínimo Vital entra en un escenario de rentas autonómicas de diferentes cuantías y requisitos. La implementación de esta prestación —más ambiciosa en cuanto pretendía llegar a 850.000 personas frente a las 300.000 que se calculan cobran algún tipo de renta mínima— supone un desafío de coordinación con las comunidades autónomas que verán como todo o parte del monto que transferían a las personas beneficiarias de sus ayudas pasará a ser asumido por el Estado. Ya el 15 de julio el Govern reclamaba mayor colaboración con el Ministerio para armonizar el cobro del IMV y la Renta Garantizada (que complementaría al IMV al ser su cuantía superior), apuntando a la falta de comunicación y la ausencia de un convenio como un riesgo para los beneficiarios. 

En el Paìs Valencià, donde la renta autonómica es superior también al IMV, la primera complementaría a la segunda. “Así, si la renta social es de 540 €, y el ingreso mínimo vital son 462, se pagarán los 80 o 90 euros de diferencia por parte de la Generalitat. Seguirán cobrando lo mismo pero de administraciones distintas, teniendo que hacer trámites ante las dos y responder ante las dos”, teme Toni Carrión, integrante de las Sillas contra el hambre en Valencia, organización que forma parte de la Marea Básica.

Pese a que Borda entiende la urgencia en aprobar el IMV, echa de menos que no haya habido una coordinación mayor con las Comunidades Autónomas para “hacer una transición ordenada”.  Lo que ha pasado en Madrid, con la administración autonómica mandando cartas, con mensajes confusos y trámites complejos en torno a la aportación de los certificados de empadronamiento, y con miles de perceptores de la renta mínima teniendo que pagar cinco o seis euros para enviar las solicitudes del IMV a la Comunidad de Madrid por correo, estando los registros colapsados, solo añade “caos al caos”.

Lo que ha pasado en Madrid, con la administración autonómica mandando cartas, con mensajes confusos y trámites complejos, solo añade “caos al caos”.

Los responsables autonómicos argumentan “que no han tenido otra opción que mandar las cartas porque tenían que cumplir la legalidad, y la renta mínima autonómica es subsidiaria al ingreso mínimo vital”, sin embargo, el resto de comunidades autónomas o han dado un margen mayor o, en el caso de Aragón, destaca Borda, “han utilizado la disposición primera transitoria en el artículo 10 por el que las comunidades pueden traspasar los datos de las familias perceptoras de la renta autonómica a la Seguridad Social para que esta estudie los casos y se haga de oficio”.

En la Comunidad de Madrid están cerca ya de poder ahorrarse las rentas mínimas, colmando una tendencia registrada y denunciada en los últimos años, por la cual se han ido reduciendo progresivamente las rentas concedidas y el presupuesto asignado a las mismas. Al ser el RMI inferior al IMV, el ahorro será muy elevado. Tanto en Madrid como en el Paìs Valencià se demanda a la Comunidades Autónomas que reviertan en la población empobrecida los fondos que ahorrarán con este cambio .

En Madrid, cuenta Borda, se reunieron poco después de la aprobación del IMV con el equipo del consejero de Políticas Sociales Alberto Reyero y le pidieron que la administración autonómica aprovechase para complementar y poder alcanzar así al menos el umbral de la pobreza, mínimo que marca la Carta Social Europea, pero les afirmaron que eso no era posible de momento por razones políticas. En València cuenta, Toni Carrión, también propusieron que ese dinero se revirtiera en las personas ampliando o la cuantía o el alcance de la renta. En ambos casos se les habló de distintas formas de reinvertir ese ahorro, pero no hubo compromisos, ni propuestas cerradas, apuntan los activistas.

SILENCIO ADMINISTRATIVO

Mientras pasan las semanas sin noticias sobre las solicitudes se extiende el temor a que las tramitaciones no se resuelvan en los tres meses previstos y sean denegadas por silencio administrativo. García señala una tensión importante: su organización propone ampliar el plazo para evitar el silencio informativo, y al mismo tiempo teme que los trámites se alarguen durante meses. “No se sabe qué es peor, tener que volver a empezar pasado el plazo, o que lo amplíen solo por necesidad de tiempo y se eternice. Lo ideal sería que lo hicieran en tres meses”. 

Por su parte Borda considera que, para bien o para mal, la norma será flexible con la realidad, recuerda que esto ya pasa en extranjería. “Están colapsados siempre y todo el mundo sabe por ejemplo que los trámites de arraigo tardan seis meses, aunque el silencio administrativo sea de tres, yo creo que aquí va a pasar lo mismo”. Dos factores le hacen pensar así: la falta de personal en el INSS y el hecho de que probablemente el número de solicitudes desborde ampliamente las previstas.

“Ellos dicen que va a llegar a 850.000 familias, por lo tanto son 850.000 solicitudes a tramitar, pero el informe de Intermon Oxfam que sale al final de la pandemia habla de 10 millones de personas empobrecidas, entonces a lo mejor no son 850.000 solicitudes las que se van a presentar”, alerta. Además, señala, está la cuestión de los IMV dados de oficio, que están vigentes solo por seis meses y para cuya renovación las familias receptoras habrán de presentar documentación en otoño.

Flecos y perjuicios

Ante la urgencia por cobrar el subsidio estatal, o al menos no perder la renta autonómica, quedan en segundo plano características del IMV que van a perjudicar a gente o dejar a otros atrás. Se tratan de efectos de la forma en la que el IMV pone la unidad de convivencia como centro a la hora de tramitar las ayudas. Borda da algunos ejemplos: para familias compuestas por tres generaciones —abuela, hijas y nietas en la misma casa— que hasta ahora podían acceder a dos rentas mínimas, una por unidad familiar, ahora estarán sujetas a un mismo Ingreso Mínimo Vital, probablemente mayor, pero vinculado al domicilio. Esto supone una pérdida de autonomía para las familias y la imposibilidad de cobrar ayuda en el caso de que se muden a otra vivienda durante un año. Por otro lado, en un mismo domicilio habitado por varias personas no vinculadas por lazos familiares se podrá cobrar un máximo de dos IMV, lo que puede dejar a otros convivientes sin derecho a este recurso. 

Otros asuntos se han dejado en manos de una futura reglamentación, y no son temas menores: “Entre las obligaciones de la familias receptoras del IMV estará realizar un proyecto de inclusión”. Ese proyecto de inclusión podría incluir todo tipo de condicionalidades, también laborales, si bien se argumentó que como derecho el ingreso mínimo vital sería independiente del ámbito laboral. En realidad, señala Borda, todo queda sujeto a la reglamentación futura. También la anunciada complementariedad entre trabajo e ingreso queda supeditada a lo que diga una reglamentación para la que no se ha señalado fecha. “En la ley de asilo por ejemplo se dice que el reglamento se desarrollará en seis meses y creo que lleva 10 años”, compara.  

Para las personas solas se registran otros requisitos: haber cotizado al menos doce meses o poder demostrar tres años de vivir solo. “Hay situaciones en las que es difícil que se den criterios como el de los 12 meses. Mujeres que han estado toda la vida cuidando a su familia, o que han estado trabajando en cuidados del hogar y no han cotizado, que se quedan viudas”, señala Borda, quien se pregunta por qué una prestación destinada a erradicar la pobreza, ignora situaciones íntimamente conectadas con la misma: “No puedes decir, no voy a tener en cuenta que las familias empobrecidas tienen esta manía de vivir 20 en una casa. O defender que lo haces para prevenir la exclusión social pero después exigir a la gente que haya cotizado al menos 12 meses”.

Otra limitación tiene que ver con la situación administrativa de las personas beneficiarias: si una persona de las convivientes no tiene la documentación en regla toda la familia queda excluida, lamenta Borda. “El no dejamos a nadie detrás esconde ese detalle”, resume.

Miedo en el horizonte

García considera que los requisitos dejarán a muchas personas afuera, alejándose del objetivo de que ningún hogar se quedara sin ingresos: “La gente está muy quemada”, alerta, “se nota en los grupos. Está muy nerviosa. Hay algo que les desespera, ver pasar las semanas y que sus solicitudes sigan en estudio, que la cosa no avance”. Por ello, teme que hasta que la gente no vea que otros empiezan a cobrar el IMV no van a animarse, más con la llegada de agosto y la conciencia de que todo va a alargarse. 

Para Viera la gente ya está en modo de supervivencia, “la situación en la mayoría de los casos es de angustia”. En esas circunstancias, considera el activista del Campamento Dignidad, es difícil movilizarse: “La gente ya está acostumbrada a vivir al día, sobrevivir, y creo que es una cosa de la que se aprovecha el sistema: la necesidad de esta gente y la poca conciencia de clase”.

“La gente ya está acostumbrada a vivir al día, sobrevivir, y creo que es una cosa de la que se aprovecha el sistema: la necesidad de esta gente y la poca conciencia de clase”, consideran desde Campamento Dignidad

Carrión se apaña tocando en la calle la guitarra y cantando, cada vez lo ve todo más difícil. De reojo ve unos datos macroeconómicos que no hacen más que añadir angustia: “Hablan de una caída del 20% del PIB, si en la crisis pasada fue un 5 % y fue poco a poco, pues un 20% de golpe imagínate lo que viene, yo creo que hambre y agresividad en las calles. Si ahora mismo hay otra ola de estas, la gente va a empezar a buscar culpables, y los va a buscar en el vecino”.

Desde València, el activista de Sillas contra el Hambre cada vez ve más claro que “a quienes mandan no les importa la gente. Si tienes una mascota que se pone enferma o le pasa cualquier cosa, aunque no tengas dinero, te buscas la vida, vas a donde haga falta para que te lo cuiden, y es porque la quieres a tu mascota. Con las personas pasa igual, si nos quisieran se preocuparían de qué nos pasa, de qué necesitamos. Pero como solo interesamos como herramientas de trabajo de usar y tirar les da igual lo que nos pase. Creo que en el fondo todo se reduce a eso”.



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