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Iglesias justifica el caso Dina como una campaña para hacer caer al Gobierno

El vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, a las puertas de la Audiencia Nacional


Madrid
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No le faltaba ayer razón al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias cuando en una entrevista en Radio Nacional afirmó que uno de los mayores problemas de la democracia española ha sido la existencia de una «cloaca» entre cuyos máximos exponentes estaría el comisario jubilado José Manuel Villarejo. De otro modo, no habría en la Audiencia Nacional una macrocausa bautizada extraoficialmente con su nombre en la que se investiga un «clan parapolicial mafioso» que se habría beneficiado de los recursos más sensibles del Estado. Tampoco se habría abierto en este contexto una investigación sobre el móvil de la asesora Dina Bousselham cuyo contenido apareció entre los archivos del comisario. Que a ella le robasen el teléfono, que una parte del contenido fuese aireado por la prensa y que el polémico policía tuviese una copia era, a ojos de los investigadores y parafraseando al propio Iglesias, «blanco y en botella»: al clan se le presume una pata mediática pero todavía no se ha dado con ella.

El problema es que a lo largo de la investigación el papel que jugase Villarejo en el robo ni siquiera se intuye y su presunto rol en la difusión de los contenidos, unos pantallazos de conversaciones de chat en los que Iglesias quedaba como un machista, se ha desdibujado desde el momento en que la suya no era la única copia. Hasta el vicepresidente tenía una. La propia Bousselham llegó a reconocer que solía hacer capturas de pantalla para almacenarlas o compartirlas con personas de su círculo. Cualquiera de los destinatarios pudo ser la fuente de las publicaciones. También Villarejo disipó el origen –y avaló la tesis ‘cloaquil’- cuando aseguró que dio copia a sus superiores en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional por si les era útil en sus pesquisas sobre Podemos. El juez y los fiscales han dejado por escrito a lo largo de año y medio de investigación que los contenidos publicados perjudicaban directamente a Pablo Iglesias. Pero no han conseguido acreditar indiciariamente que Villarejo estuviera detrás. Por eso decidieron que ya no ostente la condición de perjudicado en la causa.

Pero Iglesias ayer a primera hora de la mañana tenía otra explicación que podría resumirse en tres argumentos: «Que algunos quieren que los responsables de las cloacas se vayan de rositas», que los españoles están «ante un nuevo intento de debilitar al Gobierno» porque hay sectores dispuestos a »lo que sea» para «hacerlo caer», y que la cloaca sigue viva pero «no tanto policial, sino mediática».

Los pequeños detalles

A lo largo de varios minutos, se despachó así contra lo que entiende es una campaña contra Podemos, un «difama que algo queda»: entiende que se vierten «acusaciones gravísimas» a sabiendas del nulo recorrido judicial, porque el objetivo es «crear escándalo».

Obvió sin embargo que han sido el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón y dos fiscales de Anticorrupción –acusados además de connivencia con Podemos– quienes han puesto negro sobre blanco que Iglesias no sólo no debe ser considerado perjudicado sino que pudo cometer dos delitos: uno de revelación de secretos, dado que tuvo una copia de la tarjeta de Bousselham en enero de 2016 y tardó meses en devolvérsela, a sabiendas del contenido íntimo y de que había sido robada. Otro, de daños informáticos, porque según ella declaró aunque luego se retractase, la tarjeta que le devolvió no funcionaba. Del esclarecimiento de estos indicios dependerá que el instructor mande o no a Iglesias al Supremo.

Sobre por qué no le devolvió en seguida la tarjeta, ayer explicó que no quiso «meter más presión» a Bousselham, a la que se refería como «una mujer de veintipocos años». Ya lo había pasado mal con los rumores de que mantenían una relación sentimental. También dejó caer que él pensaba que tenía la única copia y descartó en todo caso que ella fuese el origen de las filtraciones.

En cuanto a los daños, aseguró que devolvió el dispositivo en buen estado y se aferró a la declaración en que ella se retractó, sin aludir a las veinte veces que dijo lo contrario ni dar importancia a que enviase la «sim» a reparar.

Dijo que cuenta con el respaldo del presidente Pedro Sánchez, «vamos, solo faltaría», y que ni se plantea acabar imputado: «No concibo esa posibilidad. Sería el mundo al revés». Pero esta causa ya está dada la vuelta.



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