Política

Fiscal general dictó privativa de libertad contra ex congresista

Tarek William Saab, Fiscal General, designado por la asamblea nacional constituyente; dio a conocer que la ex senadora, Aída Merlano, ha sido procesada por la ley venezolana dictando privativa de libertad por los delitos de: uso de documentos falsos, asociación para delinquir y usurpación de identidad.

El Ministerio Público del régimen de Nicolás Maduro; dicta privativa de libertad contra la ex congresista colombiana Aída Merlano, detenida el 27 de enero en Maracaibo por las autoridades venezolanas.

Tarek William Saab, fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, indica que Merlano la presentaron ante el juzgado 13 de control del estado Zulia.

«Dicha ciudadana ha sido imputada por el fiscal 35 nacional; por los delitos de usurpación de identidad, uso de documento falso y asociación para delinquir», agregó Saab.

Señaló que asimismo se imputó a Yeico Manuel Vargas Silvera, de nacionalidad colombiana. En su caso los delitos son encubrimiento y asociación para delinquir. 

Ambos quedarán privados de libertad en un centro de reclusión debidamente previsto por las autoridades judiciales del país. 

Fuga y recaptura

Aída Merlano se escapó de la cárcel en octubre del año pasado. La trasladaron a un centro médico y se fugó. La ex congresista cumplía una pena de 15 años de prisión por corrupción electoral.

«Tras arduas investigaciones realizadas por nuestros funcionarios de la Fuerza Especial de la Policía, fue detenida la ex senadora Aída Merlano en el sector El Milagro de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia», informó el Ministerio de Interior del régimen venezolano.

La información también la compartió el director de la FAES, Miguel Domínguez. Explicó que la ex congresista ingresó a territorio venezolano de forma ilegal en compañía de un ciudadano colombiano indocumentado.

Merlano fue representante a la Cámara de Colombia entre 2014 y 2018. Su investidura como senadora para el período 2018-2022 se anuló en septiembre de 2018 por el Consejo de Estado. Esto, porque superó los gastos máximos establecidos en la ley para financiar campañas electorales.

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