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El Gobierno enfila el rescate de empresas estratégicas en seguridad e infraestructuras

El Gobierno enfila el rescate de empresas estratégicas en seguridad e infraestructuras


Madrid
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El Gobierno aprobó durante el Consejo de Ministros extraordinario celebrado ayer la creación de un fondo dotado con 10.000 millones -que será gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)- para rescatar a empresas estratégicas especializadas en el ámbito de «la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o los mercados» que tengan problemas de solvencia derivados de la crisis del coronavirus. Las entidades financieras quedarán, en principio, fuera de estos incentivos.

El Gobierno articulará estas ayudas mediante varias vías, como la concesión de préstamos participativos, la adquisición de deuda subordinada y la suscripción de acciones u otros instrumentos de capital. En principio, las empresas que reciban estas ayudas sí podrán otorgar dividendos, tras un pacto entre PSOE y Ciudadanos logrado ayer. Los beneficios que obtenga el Estado por las inversiones, ya sean a través de intereses o plusvalías, se ingresarán en el Tesoro Público.

El Ejecutivo incidió ayer en el hecho de que el fondo «se ajusta a la normativa de ayudas de Estado de la Comisión Europea». Bruselas ya avaló durante el pasado mes de mayo la posibilidad de que los Estados miembros entren en el capital de empresas estratégicas que estuviesen atravesando dificultades financieras y fueran viables antes de la pandemia. Eso sí, puso una serie de condicionantes, como limitar las nacionalizaciones a un periodo temporal y que las compañías rescatadas no realizaran determinadas inversiones.

El fondo, que se denominará Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas y ha sido pactado con los agentes sociales, deja no obstante más dudas que certezas. El Ejecutivo no aclaró ayer qué sectores priorizará a la hora de invertir. Ni las condiciones concretas que deben cumplir las empresas. Ni cuándo se produciría la salida del Estado en el capital social de estas compañías.

Tampoco fue posible preguntar ayer estas cuestiones, porque el Ejecutivo canceló ayer la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministos. Una decisión sin precedentes -sobre todo teniendo en cuenta que se había aprobado un gran paquete de incentivos económicos- que no se tomaba desde hace seis años, cuando el Ejecutivo aprobó el proyecto de ley que reguló la abdicación del Rey Juan Carlos I.

Fuentes del Ministerio de Hacienda explican a este periódico que todos los detalles todavía «deben especificarse» en futuros Consejos de Ministros y destacan que son las compañías interesadas las que deben solicitar estas ayudas. Además, desde el Ejecutivo aseguran que todos estos condicionantes serán acordados con las asociaciones empresariales.

Una vez aprobado el fondo, todas las miradas se dirigen al sector turístico, al de la automoción y al aéreo. Las dos primeros ya se están beneficiando de sendos programas de estímulo aprobados por el Gobierno, pero reconocen que necesitarán nuevos incentivos a medio plazo.

El caso de las aerolíneas es todavía más sangrante, porque no han recibido más ayuda que una suspensión temporal de las tasas aeroportuarias y una rebaja de las tasas de despegue condicionada a ciertos niveles de actividad. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ya dejó caer la semana pasada que el Gobierno preparaba medidas para asegurar la solvencia del sector porque los créditos avalados por el ICO habían sido «insuficientes». El sector mantenía la esperanza de que ayer se aprobasen medidas de apoyo, pero estas no terminaron de concretarse. Pese a ello, en el sector aseguran que el fondo de rescate es visto «con buenos ojos» por parte de varias aerolíneas, que se mantienen a la espera de conocer las condiciones concretas de la medida.

40.000 millones en avales

Más allá del fondo de rescate, el Consejo de Ministros aprobó ayer una nueva línea de avales canalizada a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) valorada en 40.000 millones de euros. Tal y como adelantó ABC, esta iniciativa no estará dirigida a asegurar la liquidez de las empresas, sino que servirá para «impulsar la realización de nuevos proyectos de inversión empresarial».

«Esta medida forma parte del plan de reactivación de la economía y el empleo y tiene como objetivo apoyar nuevos proyectos de inversión del tejido productivo, tras una primera fase en la que primó la cobertura de las necesidades de liquidez», explicó ayer el Ejecutivo en la referencia del Consejo de Ministros. En concreto, el Gobierno favorecerá inversiones que generen alto valor añadido y predominen la sostenibilidad medioambiental y la digitalización.

Además de estos nuevos avales, el Ejecutivo también aprobó ayer un real decreto ley de medidas económicas que contempla la moratoria hipotecaria para inmuebles turísticos. El Ejecutivo otorga un periodo de moratoria de hasta 12 meses para las operaciones financieras de carácter hipotecario suscritas con entidades de crédito. Además, las empresas dedicadas al turismo, el comercio y la hostelería que entre julio y octubre generen actividad contarán con exoneraciones del 50% de las cuotas a la Seguridad Social.



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