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El difícil consenso sobre la justicia

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Madrid
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La renovación del Consejo General del Poder Judicial es, desde 1985, un motivo constante de polémica porque cuestiona la independencia de este órgano constitucional y, en general, de la Justicia. Es, además, una causa grave del descrédito que sufren el Gobierno, los partidos políticos y el propio Parlamento por no llegar a un acuerdo para nombrar a los vocales integrantes del órgano de gobierno del poder judicial. Se produce así una deslealtad colectiva con el mandato constitucional de renovar el Consejo General cada cinco años. La digna renuncia de Manuel Marchena a la presidencia de este órgano desveló los peores vicios acumulados por los partidos políticos en su responsabilidad con la Justicia.

Los actuales vocales y su presidente, Carlos Lesmes, llevan casi dos años en prórroga de sus funciones. Es una situación inaceptable, pero no debe ser la excusa para paralizar los principales nombramientos judiciales, relativos, entre otros, a presidencias y vacantes en las Salas del Tribunal Supremo. La izquierda judicial se refugia en esta situación anómala para exigir que esos nombramientos sean realizados por un CGPJ plenamente renovado, pero Lesmes y los veinte vocales que lo componen no deben abdicar sus competencias, porque supondría extender la inestabilidad de su propia institución al corazón del poder judicial.

El foco político sobre la crisis judicial está indebidamente puesto en Pablo Casado, tras reiterar su negativa a pactar con el Gobierno la renovación del Consejo General por la presencia de Unidas Podemos en el Ejecutivo. Más que este, el verdadero problema de pactar con Sánchez es que no hay un proyecto general de respeto y reactivación de las instituciones del Estado de Derecho. Renovar el Consejo General del Poder Judicial es, o debería ser, algo más que nombrar veinte vocales. Debería ser la culminación de un pacto por la Justicia, como el que apadrinó el PP en 2001 con el PSOE, que tuviera su eje en la independencia judicial, un valor constitucional incompatible con el ideario y la práctica de Unidas Podemos, formación comprometida con el desmantelamiento del Estado democrático y de Derecho.

El precedente de Dolores Delgado y los ataques continuos de Pablo Iglesias a los jueces son motivos más que justificados para que, al menos, el PP condicione la renovación del CGPJ a unos cambios, que son tan sustanciales que resulta ilusorio pensar que Sánchez estaría dispuesto a asumirlos. El pacto sobre el CGPJ debe ser un pacto de Estado, pero el Estado que el Gobierno tiene en su cabeza no es el de la división de poderes, la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal, sino el del viejo cliché de la Justicia como herramienta del activismo político. Y así no es posible pactar.

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